Ciudad Juárez: la tortura latente
La desaparición forzada después de la cual perecieron cuatro jóvenes de la colonia Praderas de los Oasis, la tortura infligida por militares al preso Israel Arzate, así como el homicidio de 17 reos en el penal de esta frontera aparecen como ejemplos de violaciones a los derechos humanos en el más reciente reporte en la materia que el Departamento de Estado de Estados Unidos dedica a México.
De acuerdo con el documento –denominado “Reporte de países sobre práctica de Derechos Humanos 2011”– si bien las violaciones más graves en este país son perpetradas por las “organizaciones criminales trasnacionales”, también las fuerzas de seguridad del Estado han participado en delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
En ese sentido, el texto menciona que en el país ha habido “múltiples reportes de desapariciones forzadas atribuidas al Ejército, la Marina y la Policía” y que se ha detectado un patrón de impunidad y falta de investigación en los casos.
De los hechos ocurridos en Juárez, el primero que aparece en el reporte es la detención policiaca, en marzo de 2011, de Juan Carlos Chavira, Dante Castillo, Raúl Navarro y Félix Vizcarra, mismos que, días después, fueron encontrados asesinados.
“El 14 de abril, los cadáveres de los cuatro hombres desaparecidos fueron descubiertos. La oficina de la Fiscalía del Estado dijo públicamente que estaba investigando el caso como un delito de desaparición forzada. Héctor Murguía, alcalde de Ciudad Juárez, dijo que él también había ordenado al departamento de Asuntos Internos de la Policía Municipal que investigara el caso. Tres policías locales fueron detenidos el 8 de abril y, al final del año, el proceso judicial en su contra estaba en curso”, dice el texto.
Luego, en el apartado de “tortura y otros tratos crueles e inhumanos”, aparece el caso de Israel Arzate, detenido como uno de los probables responsables de la masacre de Villas de Salvárcar y sobre quien, en agosto de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por violaciones a sus garantías individuales.
“Días después (de la masacre), los soldados habrían detenido a Arzate mientras caminaba en la calle. Durante un recorrido en vehículo y al llegar al 20 º Regimiento de Caballería Motorizada en Ciudad Juárez, Arzate fue golpeado, torturado con descargas eléctricas en el pecho y el abdomen, y asfixiado con una bolsa de plástico”, dice el texto.
“Los soldados dijeron después que lo habían arrestado en posesión de un vehículo robado. Luego presentaron a Arzate ante el Ministerio Público 28 horas después de su arresto, pero lo mantuvieron en las instalaciones militares, donde el 10 de febrero habría sido forzado a confesar, bajo tortura y amenazas, que participó en la masacre de Villas de Salvárcar”, agrega.
Finalmente, en el apartado sobre las “condiciones en prisiones y centros de detención”, el reporte advierte que “la corrupción, el abuso de hacinamiento, el preso, el alcoholismo y la adicción a las drogas son frecuentes en la mayoría de las instalaciones”.
También, citando datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, menciona que entre julio de 2010 y julio de 2011, 52 reclusos fueron asesinados en diferentes prisiones.Entre ellos siete asesinados en un penal de Nuevo Laredo, los 17 de Juárez y 20 en Matamoros, además de otros casos.
“Ese mismo mes (julio de 2011), un motín en la cárcel de Ciudad Juárez resultó en la muerte de 17 reclusos. Las cámaras mostraron a los presos obteniendo acceso a las celdas usando las llaves de un guardia y después abriendo fuego con lo que parecían ser armas automáticas contra individuos en el interior”, dice el texto.
(nota en el Diario de Juárez, de Sandra Rodríguez Nieto.)
De acuerdo con el documento –denominado “Reporte de países sobre práctica de Derechos Humanos 2011”– si bien las violaciones más graves en este país son perpetradas por las “organizaciones criminales trasnacionales”, también las fuerzas de seguridad del Estado han participado en delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
En ese sentido, el texto menciona que en el país ha habido “múltiples reportes de desapariciones forzadas atribuidas al Ejército, la Marina y la Policía” y que se ha detectado un patrón de impunidad y falta de investigación en los casos.
De los hechos ocurridos en Juárez, el primero que aparece en el reporte es la detención policiaca, en marzo de 2011, de Juan Carlos Chavira, Dante Castillo, Raúl Navarro y Félix Vizcarra, mismos que, días después, fueron encontrados asesinados.
“El 14 de abril, los cadáveres de los cuatro hombres desaparecidos fueron descubiertos. La oficina de la Fiscalía del Estado dijo públicamente que estaba investigando el caso como un delito de desaparición forzada. Héctor Murguía, alcalde de Ciudad Juárez, dijo que él también había ordenado al departamento de Asuntos Internos de la Policía Municipal que investigara el caso. Tres policías locales fueron detenidos el 8 de abril y, al final del año, el proceso judicial en su contra estaba en curso”, dice el texto.
Luego, en el apartado de “tortura y otros tratos crueles e inhumanos”, aparece el caso de Israel Arzate, detenido como uno de los probables responsables de la masacre de Villas de Salvárcar y sobre quien, en agosto de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por violaciones a sus garantías individuales.
“Días después (de la masacre), los soldados habrían detenido a Arzate mientras caminaba en la calle. Durante un recorrido en vehículo y al llegar al 20 º Regimiento de Caballería Motorizada en Ciudad Juárez, Arzate fue golpeado, torturado con descargas eléctricas en el pecho y el abdomen, y asfixiado con una bolsa de plástico”, dice el texto.
“Los soldados dijeron después que lo habían arrestado en posesión de un vehículo robado. Luego presentaron a Arzate ante el Ministerio Público 28 horas después de su arresto, pero lo mantuvieron en las instalaciones militares, donde el 10 de febrero habría sido forzado a confesar, bajo tortura y amenazas, que participó en la masacre de Villas de Salvárcar”, agrega.
Finalmente, en el apartado sobre las “condiciones en prisiones y centros de detención”, el reporte advierte que “la corrupción, el abuso de hacinamiento, el preso, el alcoholismo y la adicción a las drogas son frecuentes en la mayoría de las instalaciones”.
También, citando datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, menciona que entre julio de 2010 y julio de 2011, 52 reclusos fueron asesinados en diferentes prisiones.Entre ellos siete asesinados en un penal de Nuevo Laredo, los 17 de Juárez y 20 en Matamoros, además de otros casos.
“Ese mismo mes (julio de 2011), un motín en la cárcel de Ciudad Juárez resultó en la muerte de 17 reclusos. Las cámaras mostraron a los presos obteniendo acceso a las celdas usando las llaves de un guardia y después abriendo fuego con lo que parecían ser armas automáticas contra individuos en el interior”, dice el texto.
(nota en el Diario de Juárez, de Sandra Rodríguez Nieto.)