ACTIVISTAS DESPROTEGIDOS: M. Concha
Ciudad de México.-El presidente del Centro de Derechos Humanos, Miguel Concha, aseguró que es necesario que el concepto de seguridad se enfoque en las comunidades y el ciudadano, no en las autoridades.
Durante el encuentro con el presidente Calderón de varias ONG, Concha indicó que existen graves problemas para avanzar en el combate a la inseguridad, ya que el ciudadano no conoce temas fundamentales para su propia protección.
El activista pidió al gobierno federal que se hagan públicos los compromisos que adquirió el país con EU en materia de seguridad, luego de la firma de la Iniciativa Mérida, por ello pidió una Ley de Seguridad Humana.
Con o sin ley, los gobiernos federal y local aún no se pueden instalar en el mecanismo de protección de los defensores de los derechos humanos.
Concha indicó que los problemas con relación a los tres puntos a tratar que planteó el presidente Calderón existen serios inconvenientes, el primero que justifica el uso de las fuerzas armadas para el combate del crimen organizado violenta los artículos 21 y 129 constitucionales.
Estos estipulan que la seguridad está a cargo de la autoridad civil, por lo que el uso del Ejército es una clara muestra del fracaso de la autoridad civil, en mucha medida provocado por las autoridades corruptas que fomentan la impunidad.
Esta problemática, lleva al segundo punto indicó Concha, que debe centrarse en el ataque a la corrupción e impunidad, que constituyen las bases del deterioro y colapso estructural.
El presidente del Centro de Derechos Humanos, propuso la creación de una Fiscalía Nacional contra la Corrupción, que permita desmantelar las estructuras financieras de alto impacto, así como aquellas en el poder de legal y fáctico que protegen las actividades criminales.
Indicó que se debe también brindar autonomía e independencia al Ministerio Público, realizar una reforma penal y una depuración de los cuerpos de seguridad del país, no sólo de la Policía sino también de las fuerzas armadas.
Sobre la tercer acción necesaria, la reconstrucción del tejido social, el activista indicó que se deben construir políticas públicas de carácter extraordinario, dado que las actuales no responden a la “emergencia del momento”.
Para ello, propusó la Creación de un Plan Nacional de Emergencia, basado en educación, empleo, salud, acceso a la justicia y participación social; enfocado en la población de mayor riesgo como son los niños, mujeres y migrantes.
Aseguró que la respuesta del gobierno federal, que les fue entregada hace apenas un día y medio, además de llegar con un mes de retraso está incompleta; porque no contempla que la violencia a combatir no sólo es la criminal sino también la institucional.
“Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad no es una consigna hueca, para llenarse con políticas públicas”, finalizó Concha.
Castigar a los corruptos, encontrar a los desaparecidos
Durante su intervención, Araceli Rodríguez Nava, madre de un desaparecido indicó que las autoridades deben utilizar la tecnología a favor de las víctimas, pues dijo que “nos consta que la PGR no cuenta con los recursos necesarios para nuestra justicia”.
Aseguró que el problema de la desaparición en México va en aumento, por lo que debería se considerado como un foco rojo ya que las cifras son alarmantes. Rodríguez dijo que no sólo las desapariciones efectuadas por el crimen organizado, sino también aquellas provocadas por las fuerzas de seguridad del Estado.
Otro de los oradores, Raúl Romero Gallardo, pidió que se cree un fondo para las victimas ya que el gobierno no reconoce que éstas son también producto de las autoridades corruptas y vinculadas al crimen organizado, ya sea con funcionarios gubernamentales, miembros de la policía o militares.
Aseguró que es por ello que no se puede avanzar en el combate contra la inseguridad y la violencia, porque no se le da el lugar que le corresponde a todas las víctimas, sino que se les llama daños colaterales.
(Uno de los errores de FCH es ver a los integrantes del Movimiento por la Paz por encima del hombro, como si los demás no entendiesen su "verdad", mantener al país en estado de sitio con la colaboración del crimen organizado y la complicidad del gobierno de Estados Unidos, que seguirá abasteciendo armas a las bandas criminales. Nota tomada de Milenio.)
Durante el encuentro con el presidente Calderón de varias ONG, Concha indicó que existen graves problemas para avanzar en el combate a la inseguridad, ya que el ciudadano no conoce temas fundamentales para su propia protección.
El activista pidió al gobierno federal que se hagan públicos los compromisos que adquirió el país con EU en materia de seguridad, luego de la firma de la Iniciativa Mérida, por ello pidió una Ley de Seguridad Humana.
Con o sin ley, los gobiernos federal y local aún no se pueden instalar en el mecanismo de protección de los defensores de los derechos humanos.
Concha indicó que los problemas con relación a los tres puntos a tratar que planteó el presidente Calderón existen serios inconvenientes, el primero que justifica el uso de las fuerzas armadas para el combate del crimen organizado violenta los artículos 21 y 129 constitucionales.
Estos estipulan que la seguridad está a cargo de la autoridad civil, por lo que el uso del Ejército es una clara muestra del fracaso de la autoridad civil, en mucha medida provocado por las autoridades corruptas que fomentan la impunidad.
Esta problemática, lleva al segundo punto indicó Concha, que debe centrarse en el ataque a la corrupción e impunidad, que constituyen las bases del deterioro y colapso estructural.
El presidente del Centro de Derechos Humanos, propuso la creación de una Fiscalía Nacional contra la Corrupción, que permita desmantelar las estructuras financieras de alto impacto, así como aquellas en el poder de legal y fáctico que protegen las actividades criminales.
Indicó que se debe también brindar autonomía e independencia al Ministerio Público, realizar una reforma penal y una depuración de los cuerpos de seguridad del país, no sólo de la Policía sino también de las fuerzas armadas.
Sobre la tercer acción necesaria, la reconstrucción del tejido social, el activista indicó que se deben construir políticas públicas de carácter extraordinario, dado que las actuales no responden a la “emergencia del momento”.
Para ello, propusó la Creación de un Plan Nacional de Emergencia, basado en educación, empleo, salud, acceso a la justicia y participación social; enfocado en la población de mayor riesgo como son los niños, mujeres y migrantes.
Aseguró que la respuesta del gobierno federal, que les fue entregada hace apenas un día y medio, además de llegar con un mes de retraso está incompleta; porque no contempla que la violencia a combatir no sólo es la criminal sino también la institucional.
“Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad no es una consigna hueca, para llenarse con políticas públicas”, finalizó Concha.
Castigar a los corruptos, encontrar a los desaparecidos
Durante su intervención, Araceli Rodríguez Nava, madre de un desaparecido indicó que las autoridades deben utilizar la tecnología a favor de las víctimas, pues dijo que “nos consta que la PGR no cuenta con los recursos necesarios para nuestra justicia”.
Aseguró que el problema de la desaparición en México va en aumento, por lo que debería se considerado como un foco rojo ya que las cifras son alarmantes. Rodríguez dijo que no sólo las desapariciones efectuadas por el crimen organizado, sino también aquellas provocadas por las fuerzas de seguridad del Estado.
Otro de los oradores, Raúl Romero Gallardo, pidió que se cree un fondo para las victimas ya que el gobierno no reconoce que éstas son también producto de las autoridades corruptas y vinculadas al crimen organizado, ya sea con funcionarios gubernamentales, miembros de la policía o militares.
Aseguró que es por ello que no se puede avanzar en el combate contra la inseguridad y la violencia, porque no se le da el lugar que le corresponde a todas las víctimas, sino que se les llama daños colaterales.
(Uno de los errores de FCH es ver a los integrantes del Movimiento por la Paz por encima del hombro, como si los demás no entendiesen su "verdad", mantener al país en estado de sitio con la colaboración del crimen organizado y la complicidad del gobierno de Estados Unidos, que seguirá abasteciendo armas a las bandas criminales. Nota tomada de Milenio.)
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