DERECHO DE PISO

uno.
Del mismo modo que el slogan de uno de los hombres más ricos del mundo, para más señas que no cree en la caridad, todo el país es territorio del crimen organizado, así lo relatan cuatro analistas entregados a observar la realidad de México, que esta vez enfocaron sus microscopios a dos entidades colindantes y ubicadas en el norte: Durango y Zacatecas, con condiciones socioeconómicas y culturales y ubicaciones semejantes, incluso históricamente, pues de la fundación de la segunda derivó la otra.

dos.
León Krauze, columnista de Milenio, en tres párrafos traza una estampa precisa de la Comarca Lagunera y el dominio que ejercen dos grupos sobre territorios de Coahuila (Torreón) y Durango (Gómez Palacio y Ciudad Lerdo) para las múltiples actividades relacionadas con el tráfico de todo tipo: metanfetaminas, giros negros y drogas duras y drogas 'nobles', indocumentados, antros, productos piratas -videos y audios- y todos los derivados de cada una de estas mercancías que nadie está exento de haber adquirido, compartido o consumido.

tres.
Miguel Badillo, por su parte, en su columna semanal "Oficio de papel", al alcance de cualquiera en el blog correspondiente, adelanta noticias sobre la integración del expediente que instancias federales le preparan al gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, quien concluye su mandato este 15 de septiembre, por sus 'demasiados' vínculos con capos poderosos a través de la venta del "derecho de piso" para la realización de crímenes de toda laya, que en los últimos tiempos han sumado dos mil ejecuciones -en prisiones, en diversas cabeceras municipales, caminos vecinales y carreteras federales-, delitos en que estarían involucrados colaboradores cercanos al gobernador, que ya tiene casa en Canadá, país con el que el nuestro "no tiene firmado ningún acuerdo de extradición."

cuatro.
Mientras que en Zacatecas tampoco se "cantan mal las rancheras": los reporteros Jorge Carrasco Araizaga y Verónica Espinosa (revista Proceso, no. 1764, disponible on line) hacen una síntesis de los equívocos de la gobernadora saliente, Amalia García Medina, cuyos seis años fueron un verdadero martirio para el ciudadano que enfrentó los 'excesos' de la senadora perredista, por dedazo, Claudia Corichi, quien asignó, por el mismo método, al dirigente estatal del partido, asumió la dirección del DIF y, desde el principio, 'importó' de la capital del país a los funcionarios principales del gobierno.

Excesos aparte fueron los ejecutados por el crimen organizado a lo largo y ancho del territorio, los secuestros, las extorsiones y la fuga masiva de internos del fuero federal que, como en Puente Grande en Jalisco, salieron por la entrada principal y con cámaras de video en operaciones y una decena de vehículos a la puerta. Así, la insolencia mostrada por la gobernadora al darles entrada franca a los capos de la droga, volvieron a municipios como Jerez, Fresnillo, Ojocaliente y otra docena más, en santuario de delincuentes e infierno de ciudadanos inermes.

Producto de este desgobierno de Amalia, inmediato, fueron los resultados de las elecciones del 4 de julio, que le valieron por partida doble: la derrota del pequeño FCH y la quiebra del PRD luego de dos sexenios en el poder, esto sin considerar las cuentas que la García Medina le rendirá a su homólogo Jesús Ortega Martínez y el fin del futuro político de la (casi) exgobernadora; la deserción masiva de militantes, entre ellos el próximo tlatoani zacateco, Miguel Alonso Reyes y el exdiputado y exsenador y excompinche, Raymundo Cárdenas Hernández, que alcanzó a usufructuar -"todo lo que chorrea es miel", dicen los priístas- el sexenio completito de Ricardo Monreal Ávila y la propia perredista en desgracia y desbarrancada.

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