sábado, 22 de diciembre de 2012

El "silencio impuesto" a la prensa

La desaparición, primero, y el asesinato después, de las maestras Marisa Aidé y Mayra Lorena Díaz Peinado, y Josefina y Elisa Díaz Martínez, en un tramo de la carretera Creel-Guachochi, ha puesto de relieve un asunto que en todos los tonos se comenta en todo el noroeste del estado y en la Tarahumara: la de que en amplias zonas de esa geografía quienes mantienen el control son los grupos criminales.

Corren los rumores como si fueran vendavales –por las noches nadie circula, que no aprueben los comandos armados que instalan retenes a ciencia y paciencia de las autoridades–. De esa manera sucedió con las maestras, desde la mañana corría la especie de la instalación de un retén en tal carretera.

La autoridad niega haber sido informada de tal asunto, la indignación entre los habitantes de tan extensa región es inmensa, todos dicen que era del conocimiento público.

Más allá del caso particular, las evidencias de que los grupos criminales actúan con plena impunidad son muchas, baste señalar uno de los episodios más estridentes de las últimas semanas, además del que da inicio a estas reflexiones, el de Guadalupe y Calvo, que en una noche se vio sometida por un grupo armado, compuesto por unos 50 sicarios a bordo de 10 camionetas, a uno de los episodios más dramáticos que tengan memoria –¡Y vaya que han sucedido cosas terribles en aquella población!– en el que 11 personas fueron victimadas.

Ni la policía municipal, ni el personal de la guarnición militar de El Zorrillo, ubicado a 15 minutos de la población, fueron capaces de oponerse a esa batida de sangre y fuego sobre la población.

Lo nuevo, dicen algunos pobladores, no es que los delincuentes hayan tomado el control de la población, sino que haya sido tan alto el número de muertos. De ese tamaño es el problema.

Y hace que se recuerden otros episodios, sobre todo los acaecidos en 2008, cuando la ciudad de Parral fue el escenario de un enfrentamiento, en toda la ciudad, de grupos criminales, por cerca de 8 horas, sin que intervinieran las fuerzas armadas, con guarniciones a escasos metros de las balaceras; y el de Villa Ahumada en 2008, cuando, extrañamente, las fuerzas armadas salieron de la población por unas cuantas horas, las suficientes para que un grupo armado sembrara el pánico por más de cuatro horas, matando y secuestrando gente.

Días atrás, el diputado de Nueva Alianza, Samuel Díaz Palma señaló la presencia de “narcorretenes” en una veintena de comunidades de los municipios de Guachochi, Batopilas y Morelos que impedían el paso de los maestros para la impartición de clases. Además, dijo, el comisario ejidal de Laguna de Boréachi, sufrió el secuestro de su esposa, la que recuperó luego del pago del rescate.

Por desgracia, las denuncias son abundantes, y los homicidios cometidos dan la razón: “Los habitantes de Guazapares y Chínipas denunciaron la existencia de al menos seis retenes ilegales, instalados por presuntos miembros de la organización criminal La Línea y el cártel de Sinaloa, sobre la carretera que comunica San Rafael, municipio de Urique” (Nota de Miroslava Breach, La Jornada, 18/XII/12).

En esa misma zona, casi por los mismos días del asesinato de las maestras, cuatro integrantes de la familia Velderraín, de Chínipas, fueron asesinados; igual ocurrió con la ex regidora panista de Creel, operadora del senador Javier Corral, Edna Delfina Rodríguez González, fue asesinada junto con su hijo. (Ibídem).

Callar tal situación, ocultarlo, da origen a toda suerte de rumores. Así, en los últimos días, en distintos círculos sociales, se habla de varias masacres ocurridas en la sierra, con más de 30 víctimas en un caso y 20 en otro.

La argumentación para sostener que tales hechos se están dando consiste en que las autoridades, de todos los niveles, están empeñadas en ocultarlos pues es, dicen, obedecer la consigna de que el tema de la violencia deba bajarse del escenario nacional, algo que sí está pasando en la mayoría de los medios de comunicación publicados en el DF es que, desde la asunción de Peña Nieto, el tema de la violencia ya no es tema y llevar el recuento de las ejecuciones ha dejado de ser preocupación periodística. ¿Simple coincidencia que hasta ahora el presidente no haya abordado directamente el problema del tráfico de drogas?

(editorial de Luis Javier Valero en el sitio "diario de juárez".)

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