jueves, 21 de julio de 2011

FUERO MILITAR, TEMA CANDENTE

Distrito Federal— Hipótesis. Es posible argumentar que tras el fin de las rebeliones escobarista y cristera en 1929, ningún gobierno priísta usó al ejército de manera tan sistemática, intensa y prolongada como lo está haciendo el actual gobierno panista, que desde su inicio se decidió por el choque armado con el narcotráfico como la vía corta para su legitimación. Sin embargo, esto ha llevado, entre otras cosas, a hacer del fuero militar un tema políticamente candente, sobre todo ahora que una decisión de la Suprema Corte (SC) lo ha colocado en el centro de la mesa de la discusión nacional.

El fuero. “Son presiones de organizaciones internacionales que lo único que desean es el desprestigio de las Fuerzas Armadas y, por qué no, del Gobierno de México” (Reforma, 14 de julio). Esta reacción del general de división retirado Jorge González Betancourt a la decisión unánime de la SC, permite suponer que al alto mando del ejército no le hizo gracia la decisión de los magistrados que obliga a todos los jueces a seguir los lineamientos de una decisión anterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El meollo del asunto es simple: si en el desempeño de un servicio un militar viola los derechos humanos de un civil, al responsable no lo debe juzgar la autoridad militar sino la civil.
Las decisiones de la CIDH y de la SC de México sorprenden no por su contenido, que es absolutamente razonable, sino porque un ciudadano normal de un país también normal hubiera supuesto que esa disposición estaba vigente de mucho tiempo atrás: en nuestro caso, desde que entró en vigor la “Ley Juárez” de 1855, que supuestamente puso fin a los fueros militar y eclesiástico heredados de la época colonial.
Las decisiones de las dos cortes están ligadas al “Caso Radilla”, es decir al esfuerzo de décadas de los familiares de Rosendo Radilla por esclarecer su desaparición en agosto de 1974, tras ser detenido por el ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el período de la “guerra sucia”. Este caso reemerge justo cuando las fuerzas armadas han sido colocadas en el centro del escenario político y puestas en contacto sistemático y violento con civiles como resultado de la decisión de Felipe Calderón de hacer del ataque espectacular a las organizaciones de narcotraficantes, el corazón de su estrategia de popularidad política. Esta situación es particularmente importante y complicada tanto para los militares como para la relación presente y futura del ejército con la sociedad.
El fuero es una institución que tiene su origen siglos atrás en el derecho español y se refiere a los privilegios que la Corona reconoció u otorgó a ciertos pueblos y provincias no castellanas y a grupos como el clero y el ejército. En las colonias americanas de España, los miembros del ejército tenían “fuero militar”, lo que significaba que ellos y sus familiares no podían ser juzgados en los tribunales civiles y, además, estaban exentos del pago de ciertos gravámenes. Esto fue lo que hizo atractivo para los jóvenes criollos novohispanos, sentar plaza –a veces comprándola– como oficiales en el siglo XVIII. Tras la independencia, se requirió de una guerra civil y del triunfo liberal en 1867 para abolir este trato de excepción, aunque la realidad es que apenas hoy se está intentando hacer efectiva esa decisión tomada hace siglo y medio.
El ejército y la política. Si se acepta la definición de Estado de Max Weber, se tiene que su esencia es la capacidad de la autoridad para mantener dentro de sus fronteras la distribución interna y externa del poder mediante el ejercicio de su monopolio de la violencia legítima. El núcleo duro de esa violencia es el ejército.
Antes del estallido de la guerra de independencia, el ejército en la Nueva España no tenía un papel importante, pero esa terrible lucha civil lo catapultó al centro de la política. El victorioso brigadier realista Félix María Calleja maniobró hasta terminar como virrey y luego otro militar realista, Agustín de Iturbide logró coronarse como efímero emperador.
En la nueva nación dos fueron las instituciones centrales: iglesia y ejército. El siglo XIX fue pródigo en militares políticos, de Iturbide a Porfirio Díaz. Sin embargo, fue un político civil, Benito Juárez, y tras la restauración de la República en 1867, el que empezó a disminuir el estatus del ejército. Esta tendencia se acentuó durante la dictadura de Díaz, cuya estabilidad fue más resultado de un acuerdo entre las élites que de la acción de un ejército.
La Revolución Mexicana disolvió en 1914 al ejército federal como castigo por intentar ejercer directamente el poder político vía la dictadura del general Victoriano Huerta. Un ejército distinto, el revolucionario, fue la columna vertebral inicial del nuevo régimen.
Por un tiempo los generales fueron lo mismo presidentes que secretarios de Estado, gobernadores, legisladores o embajadores. Al gran partido de Estado creado en 1929 lo encabezaron también militares, desde el general Manuel Pérez Treviño hasta Alfonso Corona del Rosal, en 1958.
Ese ejército fue decisivo en el ascenso de Álvaro Obregón a la Presidencia en 1920, se dividió durante las rebeliones delahuertista y escobarista de 1923 y 1929 pero frenó la rebelión cristera (1926-1929) y su respaldo al presidente Cárdenas en la crisis política de 1935 fue crucial. Igualmente fue decisivo su apoyo para el triunfo del general Ávila Camacho frente al desafío de otro general, Juan Andrew Almazán, en 1940 y, doce años después, para sostener la victoria de un civil, Adolfo Ruiz Cortines, frente a un general opositor, Miguel Henríquez Guzmán. El ejército fue central en la derrota de la insurgencia sindical ferrocarrilera en 1959, en acabar con la protesta democrática del navismo potosino en 1961, en combatir las insurgencias en Chihuahua y Guerrero, en la represión del movimiento estudiantil en 1968, en la “guerra sucia” de los 1970, en las operaciones para erradicar plantíos de drogas exigidas por Washington, en la neutralización del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia en 1989 o en el cerco a los rebeldes neo zapatistas a partir de 1994.
En suma, cada vez que la política del régimen autoritario post revolucionario se salió de la normalidad, el ejército ayudó a retornarla a su cauce por las buenas o las malas. Un producto colateral de estas y otras acciones fue una larga serie de instancias de violación de los derechos humanos. La naturaleza de esa violación se puede encontrar lo mismo en obras literarias –Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor, por ejemplo– que en los resultados de la investigación de una efímera e inocua fiscalía especial sobre crímenes contra movimientos sociales (FEMOSPP) creada en 2001 y que, antes de desaparecer, sus investigadores dieron a conocer un reporte muy detallado sobre muchos casos de violación de derechos humanos, aunque finalmente los responsables de la FEMOSPP sólo lograron que un par de ellos derivaran en órdenes de aprehensión.
El problema. Según datos de agencias norteamericanas, las fuerzas armadas mexicanas cuentan con 259 mil efectivos (http://www.globalfirepower.com), de los cuales 70 mil se encuentran asignados a la lucha contra los cárteles de la droga (Reforma, 17 de julio). La peculiaridad de este ejército es que desde el fin de la intervención francesa en 1867, y debido a la aplastante superioridad del país vecino del norte, el grueso de sus acciones han sido contra otros mexicanos y sólo excepcionalmente contra tropas extranjeras: Veracruz, El Carrizal y El Pacífico durante la II Guerra Mundial.
Reflexión. La política calderonista está en su etapa final y los grandes cárteles del narcotráfico aún siguen operando. Quizá el siguiente gobierno modifique la estrategia en este campo, pero ni el ejército puede regresar sin más a sus cuarteles ni la naturaleza de su relación con los civiles puede ser la que fue. El ejército tiene que repensar el laberinto que se fue construyendo con su entorno desde que fue el gran soporte del PRI y, sobre todo, el que se ha construido ahora que el nuevo régimen le metió en un conflicto que ya no puede concluir en el tiempo y forma en que se pensó.
En cualquier caso, ya no es funcional actuar como se hizo con Rosendo Radilla y tantos otros. No está en el interés de nadie, dentro o fuera de México, desprestigiar al ejército, pero ya que está en contacto cotidiano con civiles y en situaciones donde la identidad del enemigo no es clara, no se puede, sin pagar un alto costo, desaparecer personas impunemente o sustraer a militares de la justicia civil. Así de simple... y de complejo.


(editorial de Lorenzo Meyer, clonado del Diario de Juárez.)

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